Armar Europa sin depender de Washington: el reto oculto en los contratos de defensa

En 2022, cuando las fuerzas ucranianas intentaron usar la red de satélites Starlink para guiar drones sobre Crimea, SpaceX limitó unilateralmente esa capacidad por el riesgo de que la maniobra reclasificara el servicio bajo control de exportaciones estadounidense. La decisión no la tomó ningún gobierno, sino una empresa privada, obligada por una ley de un tercer país. El episodio resume el debate que hoy avanza en Bruselas: ¿puede Europa fiarse de una industria de defensa cuyo funcionamiento depende, en última instancia, de una licencia del Departamento de Estado de Estados Unidos?

La norma detrás de ese riesgo es el ITAR (International Traffic in Arms Regulations), el régimen bajo el que el Departamento de Estado, a través de su Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC), autoriza la exportación de material de defensa. Su rasgo más incómodo para Europa es la extraterritorialidad: no protege solo el componente exportado, sino cualquier sistema que lo incorpore, mediante los llamados Technical Assistance Agreements (TAA), acuerdos que exigen autorización previa de Washington para transferir la tecnología asociada o reexportar el producto final a un tercer país, con independencia de dónde se haya ensamblado. Y esa dependencia es mayor de lo que parece: se estima que hasta un 60 % de los subsistemas de los drones europeos procede de fuera de la UE, mayoritariamente de Estados Unidos y China.

Frente a ello, el mercado europeo empieza a exigir en la práctica el estatus "ITAR-free". Honeywell Aerospace lo ha reconocido: su consejero delegado confirma que estar libre de ITAR es ya un prerrequisito de facto para ganar contratos en Europa, y la compañía ha respondido adquiriendo una firma italiana de navegación y ampliando su ingeniería en la UE a más de mil personas, para generar propiedad intelectual europea. No es una retirada del mercado, sino una filialización pensada para escapar del hecho jurídico que activa la jurisdicción estadounidense.

Ese movimiento no es espontáneo, responde a una nueva estructura normativa construida en apenas un año. El Fondo Europeo de Defensa 2026 puntúa ya el estatus ITAR-free como criterio de evaluación; ReArm Europe, con un compromiso colectivo de 800.000 millones de euros, lo marca como prioridad; y la Directiva de Contratación de Defensa en tramitación, pretende incorporar una cláusula de "preferencia europea" que ya ha provocado advertencias desde Washington sobre revisar las exenciones recíprocas de contratación que mantiene con diecinueve Estados miembros.

Aquí conviene no confundir dos regímenes jurídicos distintos. El Reglamento (UE) 2025/1106 (instrumento SAFE) exige un mínimo del 65 % de contenido europeo en los programas financiados con fondos comunitarios, y el Reglamento (UE) 2025/2643 (EDIP) limita al 35 % los componentes no europeos. Pero ambos miden el "contenido europeo" en cadena de valor y ensamblaje geográfico (de dónde procede el componente), no en jurisdicción exportadora (quién puede autorizar o vetar su uso). Un componente fabricado en Europa puede cumplir el umbral del 65 % de SAFE y, aun así, seguir sujeto a un TAA si incorpora software o propiedad intelectual de origen estadounidense. De ahí el "bloqueo aritmético" que ya señalan algunos analistas: buena parte de la tecnología habilitante (aviónica, chips de guiado, comunicaciones seguras) sigue teniendo una capa estadounidense debajo, de modo que cumplir a la vez el contenido europeo de SAFE/EDIP y la desconexión total de ITAR es, hoy por hoy, casi imposible.

El precio de resolver ese bloqueo no es menor: el Kiel Institute cifra en unos 500.000 millones de euros a lo largo de una década el coste de cerrar las brechas de capacidad militar crítica con tecnología plenamente europea. La motivación no es solo industrial: los ministerios de Defensa empiezan a ver el ITAR como una palanca que Washington podría activar en una fricción transatlántica, o en un contexto de tensión por el reparto de cargas en la OTAN. La soberanía, en esta lectura, ya no se mide solo en territorio, sino en quién puede denegar una licencia de exportación.

Conviene matizar que no es una ruptura total: Europa sigue abierta a los fabricantes estadounidenses, siempre que, como Honeywell, localicen propiedad intelectual y producción en suelo europeo, y la "preferencia europea" de la Directiva apunta, en su redacción actual, más a una puntuación adicional que a una exclusión.

Para las empresas del sector aeroespacial y de defensa, y para quienes asesoramos sus contratos, la consecuencia es inmediata: las cláusulas de origen y las cláusulas flow-down de los contratos de subcontratación ya no pueden limitarse a acreditar los porcentajes de SAFE y EDIP. Deben incorporar una declaración expresa de jurisdicción exportadora por componente (qué elementos están sujetos a ITAR o a EAR, bajo qué TAA o licencia, y con qué restricciones de reexportación o de despliegue), junto con la obligación del subcontratista de actualizarla si cambia el origen tecnológico, y mecanismos de responsabilidad para cuando esa dependencia bloquee el uso del producto final. La autonomía estratégica europea se está construyendo, artículo a artículo, no en el terreno de operaciones, sino en la letra pequeña de los contratos de suministro, de licencia tecnológica y de cooperación industrial entre programas de defensa.

Artículo publicado en El Confidencial