Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain: "La inversión en defensa y el boom han venido para quedarse"

El rearme europeo está transformando la industria de defensa y abriendo nuevas oportunidades de negocio para empresas tecnológicas, inversores y compañías especializadas.

Sin embargo, el aumento del gasto militar no basta por sí solo para consolidar una base industrial competitiva: también hacen falta seguridad jurídica, procedimientos ágiles y mecanismos que protejan la innovación.

Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, conoce de primera mano estos desafíos y tiene claro que el cambio no será pasajero. "La inversión en defensa y el boom han venido para quedarse", afirma en una entrevista con EL ESPAÑOL.

De Santiago considera que el crecimiento de la industria está cambiando la percepción social de la Defensa, que ha pasado de ocupar un lugar secundario en el debate público a convertirse en una prioridad estratégica para los países europeos.

"Creo que estamos viviendo nuestro mejor momento: un despertar. La defensa ha dejado de ser un sector denostado y la gente empieza a reconocer su importancia", afirma.

A su juicio, el objetivo va más allá de adquirir armamento o aumentar los presupuestos militares. Europa necesita desarrollar tecnología propia, proteger su conocimiento y reducir las dependencias que pueden comprometer su capacidad de actuación en una crisis.

"No se trata solo de armamento, sino de algo más profundo: la soberanía. Tenemos que defender nuestra soberanía, nuestra forma de vivir y nuestros valores", señala

Para lograrlo, reclama una mayor cooperación entre empresas y países europeos, capaz de evitar duplicidades y aprovechar las capacidades industriales existentes. La competencia es inevitable, pero no debería impedir la construcción de una base tecnológica compartida.

“Todos queremos que la industria vaya bien, pero solo hay una forma de lograrlo: ser generosos. O empezamos a serlo, o nos quedamos muy pequeñitos", afirma la socia directora de act legal Spain.

Su diagnóstico apunta a uno de los grandes retos del rearme europeo: transformar el aumento del gasto en una industria más innovadora, resiliente y autónoma, capaz de proteger sus tecnologías críticas y competir en el mercado internacional.

Al frente de una firma con oficinas en 19 países, De Santiago es una de las pocas mujeres que dirigen un despacho en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Su actividad abarca la contratación pública, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, la ciberseguridad y la regulación de tecnologías sensibles.

La práctica de Defensa representa alrededor del 20% de la facturación de act legal Spain, que busca ampliar su presencia en los ámbitos aeroespacial, New Space y de inversión en compañías del sector.

Aunque prefiere no revelar el nombre de sus clientes, es público que la firma ha asesorado a la suiza Pilatus en operaciones vinculadas al programa español de entrenadores PC-21.

El despacho también ha asumido el liderazgo europeo de su práctica de Defensa, en coordinación con sus equipos de República Checa y Eslovaquia.

Defensa: una línea de negocio

El atractivo del mercado está llevando a numerosas empresas civiles a explorar aplicaciones militares para sus tecnologías. Drones, comunicaciones, inteligencia artificial y sistemas de inteligencia figuran entre los ámbitos con mayor potencial de uso dual.

Pero convertir una innovación en un producto apto para la industria militar exige superar barreras regulatorias y de seguridad que muchas compañías desconocen.

"El sector está extremadamente caliente, pero la gente no es consciente de que abrir una división de Defensa no es como abrir una vertical cualquiera", advierte De Santiago. "Necesitas habilitaciones específicas, controles de inversión extranjera, acreditaciones de seguridad y autorizaciones del Consejo de Ministros".

Por eso, act legal Spain aborda estos proyectos desde distintas especialidades: contratación pública, tecnología, datos, inteligencia artificial, propiedad intelectual, aduanas y normativa de exportación, incluida la estadounidense ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

En el desarrollo de un dron, por ejemplo, "pueden confluir cuestiones de inteligencia artificial, protección del conocimiento y cumplimiento de los requisitos específicos de Defensa", asegura.

La llegada de nuevos actores no está exenta de riesgos. Algunas empresas se concentran en desarrollar una tecnología competitiva sin prestar suficiente atención a la seguridad de los datos, la trazabilidad de los componentes, la validación de proveedores o las autorizaciones necesarias para sus inversores.

La firma cuenta con experiencia en operaciones complejas, como la compra de motores para aeronaves A330, y está reforzando su actividad aeroespacial. También acompaña a compañías extranjeras que buscan establecerse en España, desde la estructuración de sus inversiones hasta el cumplimiento normativo y el acceso al mercado.

"Trabajamos mucho acompañando a empresas extranjeras que quieren implantarse en España. Me encanta ver cómo un proyecto nace desde cero y ayudar a construirlo", señala. El despacho ha abierto además una oficina en Sevilla para reforzar su presencia en uno de los principales polos aeroespaciales españoles.

La burocracia y los plazos

La complejidad administrativa constituye, a su juicio, uno de los principales obstáculos para que las empresas aprovechen el actual ciclo inversor.

Los procedimientos de contratación deben gestionar sistemas con requisitos técnicos, industriales y de seguridad muy específicos, pero no siempre se adaptan a esas particularidades.

"Tenemos una normativa muy complicada de explicar, una burocracia insoportable y unos tiempos muy difíciles de manejar", lamenta.

La dificultad no afecta únicamente a las compañías españolas. También condiciona la llegada de inversores extranjeros y la capacidad de las empresas para responder a un mercado en el que la tecnología evoluciona rápidamente.

La abogada considera necesario que la regulación y los procedimientos permitan compatibilizar las garantías de seguridad con una mayor agilidad en la incorporación de nuevas capacidades.

La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto esa necesidad. De Santiago relata que ha recibido en su despacho a representantes de clústeres ucranianos de drones con tecnologías probadas en combate, pero que encuentran dificultades para acceder directamente a los interlocutores institucionales españoles.

La experiencia revela una contradicción: Europa necesita acelerar la innovación en Defensa, pero las empresas que pueden aportar soluciones operativas no siempre encuentran canales ágiles para presentar sus capacidades.

Para De Santiago, "es fundamental facilitar esa conexión sin renunciar a los controles exigibles en un sector estratégico".

Las pymes

La reorganización industrial en torno a grandes programas y empresas tractoras plantea otro desafío: evitar que las pequeñas y medianas empresas pierdan el control de la tecnología que desarrollan al integrarse en grandes cadenas de suministro.

De Santiago cuestiona los modelos contractuales que obligan a las pymes a transferir su conocimiento a los grandes contratistas sin garantías suficientes para proteger la propiedad intelectual.

"Si tú lo haces o lo ejecutas todo a través de grandes plataformistas, lo que haces es que la propiedad intelectual se concentra en un solo sitio. No la estás protegiendo. No hay diversidad, no hay redundancias", advierte.

La concentración puede debilitar el tejido innovador y generar dependencias industriales difíciles de corregir. En un momento en el que Europa busca reforzar su autonomía estratégica, preservar el conocimiento tecnológico resulta tan importante como aumentar la inversión o ampliar la capacidad de producción.

La cuestión afecta también a la resiliencia de los suministros. "Los conflictos, las restricciones comerciales y las interrupciones logísticas pueden paralizar entregas y elevar los costes de los programas".

Por eso, la abogada defiende que los contratos contemplen desde el principio estos escenarios, con cláusulas de fuerza mayor adecuadas y alternativas de suministro.

"¿Cuántas cláusulas de fuerza mayor se han activado? ¿Qué consecuencias económicas tiene esa fuerza mayor? Cuando pasó lo del mar Rojo, ¿qué ocurrió con las navieras y con todos esos contratos?", plantea.

Y añade: "Hay que saber redactar una buena cláusula de fuerza mayor y tener en cuenta, cuando negocias con un proveedor, qué pasa con los retrasos, las cancelaciones o las pérdidas. Al final, eso para mí es mucho más Defensa que otra cosa".

La planificación contractual, la diversificación de proveedores y la protección de la propiedad intelectual forman parte, por tanto, de una misma cuestión: garantizar que la industria pueda mantener sus capacidades cuando el entorno internacional deja de ser previsible.

Latinoamérica

La fragmentación geopolítica también está modificando las condiciones de la internacionalización. Las empresas deben adaptarse a cambios regulatorios, restricciones a la exportación y relaciones comerciales cada vez más condicionadas por la competencia entre potencias.

"La internacionalización ha cambiado. Antes se basaba en acuerdos estables entre Estados; hoy, la fragmentación también afecta a las propias instituciones y a los tratados, que no siempre se renuevan", explica De Santiago.

En este contexto, act legal Spain está impulsando su actividad en Latinoamérica, un mercado en el que confluyen los intereses de Estados Unidos, Europa y China.

La firma busca acompañar a empresas que quieren expandirse entre estas regiones y a inversores extranjeros interesados en los polos aeroespaciales españoles.

Para hacerlo, sostiene, no basta con conocer la normativa. "Además de conocer cuestiones esenciales como ITAR, aduanas, inversión extranjera o protección de datos, hay que entender el negocio del cliente: para qué sirven sus contratos, cómo deben estructurarse y qué cadenas de suministro implican".

Artículo publicado en EL ESPAÑOL