Ormuz: cuando la cadena de suministro revela que el rey está desnudo

Bastaron unas horas para que se desencadenara lo que durante décadas fue solo un escenario teórico: el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz. Un canal de 33 kilómetros por el que transita el 20% del petróleo mundial y casi una cuarta parte del GNL.

En cuestión de días, el tráfico marítimo cayó a prácticamente cero y las mayores navieras del mundo suspendieron operaciones y desviaron flotas enteras al Cabo de Buena Esperanza, añadiendo 14 días y un millón de dólares por viaje.

Más allá de los pormenores del conflicto armado y de la evidente escasez de gas y petróleo, lo que no nos cuentan las noticias es el impacto económico que tendrá esta situación para la cadena de suministro: defensa, construcción, agroalimentación; todo está interconectado, mucho más de lo que podemos imaginar.

La economía europea lleva tres décadas adelgazando su producción. Para ser absolutamente eficientes en costes se adoptaron sistemas como el lean manufacturing o el just-in-time. Se deslocalizaron fabricantes y se eliminaron, casi por completo, los almacenes; eran vistos como una redundancia innecesaria y muy cara.

El resultado fue una arquitectura logística global extraordinariamente productiva en tiempos de calma y devastadoramente frágil ante cualquier cambio. Lo vimos con el COVID. Lo vimos con el bloqueo del Canal de Suez. Lo vimos con los houtíes en el Mar Rojo. Y ahora lo vemos, amplificado, con Ormuz.

Es como si los europeos nos resistiéramos a creer que el mundo no se rige por reglas civilizadas, el soft law, y que, a pesar de nuestra humanidad y animalidad, hubiéramos olvidado que, durante siglos, vivimos regidos por la ley del más fuerte.

He escuchado a analistas, decir que España debe estar relativamente tranquila ante el conflicto, ya que solo el 5% de su petróleo y el 2% de su gas transitan por el estrecho y no debemos preocuparnos del desabastecimiento. Pero eso es mirar el dedo en lugar de la luna. Tenemos que elevar nuestra mirada y a ampliar el foco de análisis.

Además del encarecimiento de la energía que ya se está evidenciando, la verdadera amenaza es indirecta pero inmediata: nuestros proveedores asiáticos e internacionales dependen de rutas, combustibles y materias primas que transitan por Ormuz. Con el estrecho cerrado, sus costes de producción se han disparado, así como el de los fletes y las primas de seguro. Todo eso se repercute en cascada hasta la factura que pagamos en Europa en forma de retrasos y más costes. No solo en términos energéticos.

Desde un punto de vista jurídico, tenemos dos escenarios, de un lado, los remedios que pueden utilizar las empresas afectadas por el cierre del estrecho y, otra mucho más interesante, cómo podemos defender nuestro suministro para no perder el foco en nuestro programa de rearme europeo ante la escasez de materiales.

En el primero de ellos, el remedio más habitual para frenar las reclamaciones e imposición de penalidades ante un escenario de incumplimientos es la activación de las cláusulas de fuerza mayor. De hecho, la cascada de declaraciones de fuerza mayor ya es global. Qatar declaró fuerza mayor sobre sus contratos de GNL. Kuwait Petroleum hizo lo propio sobre sus exportaciones de crudo y productos refinados. Por su parte, en el sector petroquímico asiático, del que dependen componentes para automoción, construcción, embalaje y electrónica. Ha habido una cascada de activaciones cuyo resultado aun es incierto, pero jurídicamente muy relevante.

Más difícil lo tienen los contratistas de nuestro ejército o de cualquier ámbito público. La normativa de contratación utiliza herramientas jurídicas poco flexibles. La breve referencia a la fuerza mayor en relación con la posibilidad de indemnizar al adjudicatario en los contratos de obras y el restrictivo régimen de la revisión de precios de los contratos, que exige que los pliegos hayan previsto expresamente una formula a tales efectos son mecanismos insuficientes para situaciones extraordinarias como las que ahora vivimos y que requiere que nuestro gobierno active ya mecanismos extraordinarios. Cada día perdido es un riesgo para nuestras empresas.

Pero el segundo escenario es, si cabe, más relevante: cómo proteger nuestras cadenas de suministro de defensa europea para que el rearme no quede solo en palabras. Ya se ha dicho que Europa ya no puede ser guardiana de un orden mundial que ha dejado de existir. El rey, ya se está vistiendo.

La Unión cuenta ya con dos instrumentos que, combinados, crean por primera vez un sistema europeo de respuesta ante este tipo de crisis. El EDIP, primer programa europeo para la industria de defensa establece un régimen de seguridad del suministro a dos niveles: cuando la escasez de componentes civiles o de doble uso amenaza la producción de material de defensa, la Comisión puede emitir pedidos prioritarios que obligan a proveedores civiles a anteponer las necesidades militares sobre las comerciales, y puede movilizar líneas de producción civiles para fines de defensa.

El EDIP no actúa solo. El IMERA, el Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior, que entra en vigor el 29 de mayo de 2026, opera como su complemento en el ámbito civil: protege el funcionamiento del mercado interior durante la crisis, impide que los Estados miembros acaparen suministros críticos, activa modos de vigilancia y emergencia y habilita adquisiciones conjuntas de bienes esenciales.

Las herramientas están. La pregunta es si Europa las activará a tiempo o seguirá esperando un consenso de intereses contrapuestos que parece que está lejos de llegar.

Artículo publicado en El Confidencial