Cuando el trámite previo se convierte en una barrera: las claves que Cristina de Santiago expone en Autónomos y Emprendedores

Las recientes declaraciones de Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, en un reportaje de Autónomos y Emprendedores arrojan luz sobre el verdadero impacto de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en la práctica diaria de autónomos y pequeñas empresas.

Cristina de Santiago explica que muchos juzgados han aplicado una interpretación extremadamente estricta del nuevo requisito, llegando a inadmitir demandas por defectos formales mínimos. Una rigidez que varía según el territorio y que, en la práctica, compromete el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Para los pequeños negocios, esto supone más riesgos procesales y la obligación de sobredocumentar cada comunicación para evitar obstáculos añadidos.

También alerta de un fenómeno cada vez más frecuente: el uso estratégico del trámite previo para ralentizar los procedimientos. Respuestas enviadas al límite del plazo, objeciones formales sobre la representación o comunicaciones ambiguas convierten la fase previa en un espacio donde, más que negociar, se retrasa. Y en muchos casos, como apunta Cristina, el problema no es la falta de diálogo, sino la falta de voluntad real de cumplir o pagar.

La situación es especialmente delicada en los conflictos societarios. Cristina subraya que el MASC introduce una capa adicional de ineficiencia que perjudica de forma clara a los socios minoritarios. Mientras estos cumplen con el trámite, la mayoría puede ejecutar decisiones con rapidez, de modo que, cuando el asunto llega al juzgado, el daño ya está hecho.

Su análisis en Autónomos y Emprendedores coincide en un punto decisivo: añadir filtros no soluciona la lentitud estructural de la justicia. De hecho, puede convertir el MASC en un obstáculo más para reclamaciones legítimas en asuntos donde cada día cuenta.

Un debate que deja una conclusión evidente: la reforma del sistema es imprescindible para garantizar seguridad jurídica y proteger a quienes menos margen tienen para asumir nuevos retrasos y costes.

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