Revocar sin relevo: cuando la cautela judicial asfixia a la empresa

En los procedimientos judiciales que investigan la actuación de los órganos de administración de una sociedad mercantil, puede ser razonable, e incluso necesario, adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia de la investigación y preservar el patrimonio social. En estos casos, cuando existan indicios fundados de riesgo para el proceso o para los bienes de la mercantil, limitar la capacidad de actuación del órgano de administración puede estar plenamente justificado.

Lo que no resulta aceptable —ni desde una perspectiva jurídica ni desde la lógica empresarial— es acordar la revocación de facultades del órgano de administración sin prever un relevo simultáneo y efectivo. De hacerlo, el resultado es un vacío de poder que bloquea la vida diaria de la empresa: no se firman contratos, no se ordenan pagos, los bancos no aceptan instrucciones, se suspenden suministros y nadie asume decisiones frente a empleados, clientes o la Administración.

El ordenamiento mercantil español incorpora una regla de continuidad destinada a evitar precisamente esa situación. El artículo 224 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que los administradores continuarán en el ejercicio de su cargo, incluso expirado su mandato, hasta que los nuevos administradores acepten el cargo. A partir de este precepto se ha desarrollado, en la práctica jurídica y registral, el denominado principio de continuidad del órgano de administración, cuya finalidad es precisamente evitar que la sociedad quede sin representación válida y, por tanto, inoperativa. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha confirmado reiteradamente esta interpretación, recordando que ni siquiera la renuncia voluntaria de un administrador único es inscribible si deja acéfala a la sociedad, salvo que se convoque una junta para cubrir la vacante (Resolución de 6 de marzo de 2015 | BOE-A-2015-3020).

Esta regla no responde a un capricho formalista, es un pilar del derecho mercantil para proteger la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza en el tráfico con la sociedad.

Sin embargo, en sede judicial —sobre todo en el marco de investigaciones penales con medidas cautelares— se ha instalado cierta tolerancia hacia decisiones que vulneran este principio no escrito.

Trasladado al ámbito de las investigaciones penales, la premisa es clara, la medida cautelar debe ser técnica, proporcional y reversible. Su finalidad debe ser siempre preservar la eficacia del proceso, en ningún caso sancionar por adelantado. Si la decisión de un juzgador de revocar las facultades de un órgano de administración investigado se ejecuta sin esperar a que el administrador judicial o quien deba asumir las funciones, acepte el cargo en el mismo acto o de forma inmediata, se produce un vacío de poder, la empresa queda jurídica y operativamente paralizada, lo que contradice la racionalidad de la propia cautela.

En la práctica, el daño puede ser inmediato y grave, interrupción de flujos de tesorería, incumplimientos contractuales, deterioro reputacional y, en los casos más extremos, una derivada concursal evitable.

Si la medida adoptada causa un perjuicio mayor que el riesgo que pretende evitar, estamos ante un claro exceso que no puede ampararse ni en la buena fe ni en la urgencia ya que, precisamente por su carácter de medidas excepcionales, estas decisiones exigen máxima precisión y rigor en su ejecución.

Conviene recordar, además, que no siempre se investiga a “estructuras criminales”. A menudo son compañías reales, con nóminas, contratos y compromisos en curso. Desactivar su órgano de administración no solo asegura la investigación, también puede desarmar la empresa, perjudicar a terceros ajenos al procedimiento e incluso, paradójicamente, puede dificultar que la propia sociedad responda de sus obligaciones y responsabilidades.

Cabría preguntarse qué ocurre cuando, como consecuencia directa de una cautela mal ejecutada, la compañía sufre un perjuicio patrimonial relevante o se precipita hacia una situación concursal. La responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es una vía extraordinaria, pero no meramente teórica. Cuando una decisión cautelar se adopta sin proporcionalidad ni previsión operativa, la reclamación de perjuicios deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad real, siempre que se puedan acreditar daños concretos y el nexo causal derivado de la medida mal implementada.

La intervención judicial, cuando haya sospechas fundadas, debe ser firme y oportuna, pero siempre garantizando la continuidad empresarial y la proporcionalidad de las medidas, mientras dure el procedimiento. Revocar sin relevo no es una anécdota procesal, es una medida que pone en riesgo la viabilidad de una empresa, y con ella, empleos, inversiones y compromisos contractuales.

La firmeza de la justicia no está reñida con la técnica y proporcionalidad. Quitar las “llaves” de la empresa al órgano de administración investigado puede ser prudente o recomendable, pero no entregar al mismo tiempo una copia a quién debe a partir de ese momento conducir y velar por la marcha de la sociedad es dejar el vehículo en marcha, en pendiente y sin nadie al volante.

Artículo publicado en VozPópuli